Cuando este artículo fue escrito en su primera versión, hacia marzo de 1988, no se corría mucho riesgo de ser desmentido si uno se adelantaba a diagnosticar como malogradas las gestiones emprendidas en nuestro medio en torno a la reforma del sistema electoral y del conjunto de instituciones políticas. Saltaban a la vista entonces las huellas de los muchos errores cometidos por las «huestes» reformistas, lo que por cierto no cerraba el camino para nuevos intentos -más acertados- en esa dirección.

La empresa había empezado mal y terminado peor. Los planteos iniciales se realizaron en los últimos meses del año 1986, urgidos por la amenaza de una ruptura institucional. Se procesaron en conciliábulos partidarios -acusados posteriormente como excluyentes-, de espaldas a la opinión pública y generando a su alrededor un conjunto de malentendidos y desconfianzas que nunca se logró disipar.  [Seguir leyendo]