Carta enviada al Semanario Búsqueda, setiembre 2020.

Debido a nuestros protagonismos, omisiones, complicidades y silencios a lo largo de un período que arranca en los años 60 y se prolonga hasta nuestros días, hemos ido acumulando sobre las espaldas de nuestros hijos y nuestros nietos una pesada mochila, un conjunto de asignaturas pendientes en materia de verdad, reparaciones y reconciliaciones. Y no se trata solamente de nuestros errores y omisiones del pasado, sino que también incluye lo que todavía se sigue hoy reivindicando, de los pactos y complicidades que hoy siguen vigentes y se continúan exigiendo. En un extremo, los militares se empeñan en ocultar la verdad acerca de los desaparecidos y de los lugares donde se encuentran sus restos. Y recientemente han ido apareciendo voceros –el Gral. Manini, entre ellos, y algunos de los correligionarios del partido que lo consagró como su principal candidato- que asumen posiciones negacionistas con respecto a los delitos cometidos durante la dictadura: ponen en duda los dichos del Cnel. Gilberto Vazquez, atribuyen la muerte de Roslick a un accidente cardiovascular, etc. En el extremo opuesto, ciertos sectores del Frente Amplio siguen festejando la toma de Pando y la marcha para reclamar a la justicia uruguaya la no extradición de los etarras reclamados por la justicia española, mientras que algunos de sus parlamentarios  reivindican al régimen totalitario cubano asistiendo a la inauguración de un nuevo período legislativo con vestimentas alusivas a dicho régimen.

Además, dentro de esa herencia maldita hay que incluir una larga lista de mentiras y de concesiones, de errores que nunca fueron reconocidos, de disculpas que no fueron pedidas y de gestos de reconciliación que no fueron ofrecidos ni respondidos. Los partidos tradicionales fueron cómplices de los delitos cometidos por las fuerzas represivas, a partir del momento en que no se unieron para frenar a Pacheco –un mandatario que encontró en los conflictos y en las movilizaciones, la excusa para armar un gobierno que ejercía sus prerrogativas al margen y en contra de los partidos-, cuando votaron la ley que declaraba “el estado de guerra interna” contra las organizaciones subversivas, entregando a los acusados de pertenecer a dichas organizaciones a la justicia militar, privándolos de las garantías del debido proceso. Luego completaron su complicidad al sancionar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado y al abstenerse de investigar los casos denunciados, a pesar de que dicha ley habilitaba tal indagatoria. A su vez, muchas de las fracciones y organizaciones sociales incorporadas posteriormente al Frente Amplio se alinearon o coquetearon con las consignas y agitaciones subversivas orquestadas y financiadas desde La Habana (Conferencia de las OLAS, 1967), su dirigencia respaldó a los mandos militares insubordinados en febrero de 1973 y luego se asoció con el Partido Colorado para aceptar en el Club Naval un retorno pactado a la democracia con proscripciones y condicionamientos inaceptables. Más adelante, agregaron una nueva deserción a la democracia: sus legisladores rechazaron el proyecto elaborado por Zumarán y Batalla que ofrecía a los partidos políticos uruguayos la posibilidad de consensuar una justicia transicional acotada, pero respaldada por todos los partidos del sistema político uruguayo.

A lo anterior corresponde agregar que la ciudadanía uruguaya también se resignó a una versión disminuida de la democracia, por lo pronto cuando optó por la propuesta del “cambio en paz” en 1984, para luego convalidar la ley de caducidad en dos consultas distantes entre sí. Y por último, sin pretender agotar el inventario de las culpas a asumir, vale la pena recordar que ninguno de los tres partidos que gobernaron luego de la restauración democrática se preocupó por sanear las Fuerzas Armadas, de evitar que en su seno se enquistaran “logias” que cultivan sus propias lealtades corporativas, incompatibles con su condición de servidores y defensores incondicionales de la institucionalidad republicana. También allí fuimos omisos los ciudadanos e incluso no nos escandalizamos con las notorias maniobras de cooptación que llevó adelante el Ministro de Defensa Fernández Huidobro, ni con aquellas ingenuas declaraciones de la senadora Topolansky en las que ésta reconocía el propósito de su partido de fidelizar a una mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas.

A esta altura, pues, estamos todos embarrados desde los pies a la cabeza y, para peor, prisioneros de aquellos grupos radicalizados a quienes favorece la agitación de los rencores del pasado, porque no tienen nada que ofrecer como propuesta para el futuro de nuestra comunidad de destino y porque sólo pueden sobrevivir si logran paralizarnos en una agenda de problemas que ellos mismos se encargan de tornar irresolubles, condenándonos a rumiar los mismos temas y a no enfrentar los problemas que venimos arrastrando desde hace décadas, junto con nuestras inercias y vulnerabilidades.

¿Cómo podríamos salir de este pantano? No sin apelar a nuestras mejores reservas de audacia y de generosidad, disponiéndonos a salir de nuestras zonas de confort para enfrentar a nuestros demonios internos, a nuestras culpas y deserciones, para exigir informaciones que nos han sido ocultadas, así como disculpas y reparaciones que hasta ahora nos han sido negadas. Desde hace algunas semanas vengo conversando con un círculo reducido de interlocutores acerca de alguna fórmula que nos permita empezar a sanear esta herencia maldita y, en particular, saldar la deuda pendiente con 178 personas desaparecidas, antes de que se mueran quienes todavía disponen de información al respecto. He tratado de recoger sus aportes, tanto en relación con la caracterización de la situación en que hemos desembocado, como en los lineamientos de la propuesta que desarrollo a continuación. Por lo pronto, se trata de tender puentes por encima de la grieta a la que algunos tratan de profundizar, y convocar, desde el parlamento o desde la rama ejecutiva, pero con el acuerdo de todos los partidos políticos, a una Comisión de la Verdad y la Reparación, integrada por algunos historiadores, periodistas, jueces retirados y constitucionalistas que recluten amplios consensos. Para prolongar una tradición en este tipo de instancias, se podría integrar al arzobispo Sturla. Por mi parte, me adelanto a proponer a José Rilla y a Leonardo Haberkorn, a quienes les sobran credenciales de equidad y rigor. En todo caso, el número de integrantes debería ser reducido para que se pueda configurar un ámbito de confianza en el que los testigos convocados se sientan cómodos y dispuestos a aportar elementos de juicio, sabiendo que se hará público con su nombre sólo aquello que ellos mismos autoricen. ¿Quiénes serían los convocados, cuáles serían los cometidos y las competencias que asumiría esa Comisión y qué insumos cabría esperar de su funcionamiento en la mejor de las hipótesis?

1. En cuanto a los testigos que la Comisión resultaría autorizada a convocar, un listado no exhaustivo incluiría a

• familiares de los desaparecidos durante la dictadura
• familiares de las víctimas de la subversión
• Antropólogo José López Mas, quien ofició durante un largo período como referente del equipo encargado de las excavaciones en los predios militares en búsqueda de restos humanos.
• Jueces militares integrantes de los Tribunales de Honor que actuaron desde la restauración de la democracia hasta nuestros días, así como quienes oficiaron como comandantes de las fuerzas armadas y como directivos de los Clubes de Oficiales durante ese mismo período.
• Ministros y jerarcas de la cartera de Defensa en el período señalado, así como mandatarios y dirigentes de los tres partidos políticos que asumieron responsabilidades de gobierno.
• Integrantes del Movimiento de Liberación Nacional.
• Militares detenidos y sus asesores legales que entiendan haber sido víctimas de enjuiciamientos y condenas improcedentes y defectuosas en la instancia de diligenciamiento de las pruebas.
• Cualquier ciudadano que solicite ser oído como testigo y acompañe su solicitud con una fundamentación escrita en la que se especifiquen las razones que le asisten para considerar su testimonio como una contribución valiosa a los objetivos de la Comisión.

2. En cuanto a los contenidos y los alcances de los testimonios que la Comisión procuraría obtener, es posible ofrecer una aproximación tentativa a los mismos a través de los siguientes interrogantes formulados a las personas citadas a comparecer.

• ¿Qué información podría Vd. agregar a la ya disponible, así como a las versiones más difundidas sobre nuestra “historia reciente”, a partir de la cual se justificaría una reconstrucción revisada y corregida, públicamente accesible?
• ¿Qué responsabilidad estaría dispuesto a asumir por conductas y actitudes que Vd. asumió, así como de la organización que integraba o integra aún, que, a la luz de un juicio más ponderado, resultan calificables como reñidas con la salud y el vigor de nuestras instituciones democráticas?
• ¿Hasta qué punto y en qué condiciones estaría Vd. dispuesto a reconocer errores sustantivos – más allá de cuestiones meramente instrumentales- a pedir disculpas a la ciudadanía uruguaya y a colaborar en la reparación de las heridas y agravios resultantes?
• ¿Qué otros testigos considera Vd. que deberían ser convocados por esta Comisión, tanto para agregar información faltante, como para conminarlos a que pidan disculpas y depongan actitudes que acumulan nuevas cargas a la herencia maldita?

3. Por último, como resumen de sus actuaciones, la Comisión de la Verdad y la Reparación elaboraría y entregaría a su mandante –el parlamento o la rama ejecutiva- dos informes finales. El primero se apoyaría en los testimonios recogidos para i) elaborar un punteo narrativo de todas aquellas defecciones y deserciones que se han ido incorporando a la herencia maldita y para ii) auscultar las disposiciones de los distintos protagonistas involucrados a ofrecerse y otorgarse  disculpas entre sí. El segundo informe contendría un proyecto de ley por la cual se establece un Tribunal y una Fiscalía encargados específicamente de los casos de los desaparecidos, en el entendido de que se trata de delitos que se siguen cometiendo y encubriendo hasta que no se encuentren los restos mortales de las víctimas. En ese mismo proyecto de ley se otorga al Tribunal en cuestión la facultad de conceder indultos a aquellos autores, coautores y encubridores de dichos delitos que brinden informaciones pertinentes para reconstruir la verdad y encontrar los cuerpos de los desaparecidos. Los comparecientes a dicho Tribunal que no ofrezcan información alguna y que luego se compruebe que participaron en las operaciones o que las encubrieron, serán enjuiciados y condenados aún después de su fallecimiento, de modo que descargarán sobre sus familiares y allegados la ignominia de su silencio cómplice.

En todo caso, no descarto que mi propuesta requiera ser depurada, corregida e incluso reformulada de pies a cabeza. Bienvenida sea la formulación sustitutiva que impida la consagración del pacto de silencio y la vergüenza irredimible de cargar para siempre con nuestra derrota frente a la mentira y el encubrimiento. Por mi parte, estoy dispuesto a renunciar a un poco de justicia con tal de obtener el máximo de verdad accesible.