En su columna a propósito de la “privatización” por parte del sindicato municipal de aspectos de la agenda y de la gestión del gobierno departamental, Peixoto interpreta la postergación de la licitación de algunos camiones de limpieza y la renuncia del Ing. Puntigliano como una concesión a ADEOM, la que a su vez se esclarece en el marco del “compromiso con el sector público y los sindicatos que asumió el Frente Amplio desde sus comienzos y que no puede ponerse en duda en año electoral”.
En este comentario me propongo llamar la atención sobre algunos alcances generales de esa relación peculiar que ha venido madurándose entre el Frente Amplio y el movimiento sindical uruguayo a lo largo de las últimas décadas. Como punto de partida tomo las declaraciones recientes del Ministro de Defensa en ocasión de una reunión con militantes del partido gobernante. El Dr. Bayardi reconoció que en algunas ocasiones las reivindicaciones de los sindicatos incurrían en corporativismos miopes e impedían llevar adelante reformas de la gestión y de las políticas públicas. Sin embargo, señaló, los enojos originados por tales desviaciones no podían inducir a los gobernantes frenteamplistas a olvidar las alianzas sociales que reúnen a dichas organizaciones y al partido de gobierno con “el bloque de las transformaciones”, por lo que para no poner en peligro dichas alianzas es preciso estar dispuestos a controlar los enojos y hacer algunas concesiones ocasionales.
Y bien, creo que esas declaraciones del dirigente político frenteamplista ilustran en forma inmejorable la peculiar relación que se ha establecido en nuestro medio entre aquel partido político uruguayo que ha reclutado la mayoría de respaldos electorales a partir de la última década del siglo pasado y hasta nuestros días, por un lado y, por el otro, la principal organización sindical uruguaya. Se trata, por cierto, de una relación peculiar, por cuanto la misma difiere de las modalidades de articulación prevalecientes en las restantes sociedades gobernadas por instituciones democráticas y en las que operan economías de mercado. En efecto, la modalidad de alianza uruguaya es informal, no es asumida explícitamente y termina configurándose a modo de una conjunción desprolija que oscila entre los dos tipos de vínculos estatutarios entre partidos políticos y sindicatos que se oponen frontalmente.
En un extremo, se ubica el modelo adoptado por el partido laborista inglés y por los partidos socialdemócratas suecos a lo largo de la primera mitad del siglo XX: los sindicatos figuran como miembros formales de un partido político y disponen de una cuota fija de representantes dentro del Congreso de dicho partido. En el otro extremo, se ubica el modelo que reivindica la independencia de las organizaciones sindicales con respecto al sistema de partidos, limita su agenda a la reivindicación de los intereses específicos de los trabajadores afiliados y rechaza cualquier tipo de alianzas, ya sea formales o informales con los partidos políticos. Ambos modelos de articulación tienen sus pro y sus contra. El modelo de asociación formalizada entre sindicatos y partidos políticos arrastra con la desventaja de forzar a los afiliados sindicales a asumirse como integrantes de un partido político. Como contrapartida favorable, esa misma alianza realza la condición de los sindicatos incorporándolos al conjunto de protagonistas con capacidad de incidir en las orientaciones de las políticas públicas, es decir, como actores del sistema de cogobierno, a la vez que expone a las dirigencias sindicales a asumir sus responsabilidades frente al nosotros ciudadano por las derivaciones macroeconómicas de sus reivindicaciones laborales. En cuanto al modelo de disociación entre partidos políticos y sindicatos, cuenta con la ventaja de proteger la libertad política del afiliado para optar entre la convocatoria de los distintos partidos. Y como contrapartida desfavorable, esa misma disociación permite a los dirigentes sindicales eximirse de sus responsabilidades como actores colectivos públicos con incidencia efectiva sobre la agenda pública y la gestión gubernamental, a la vez que deja un flanco abierto para que los partidos políticos operen en forma encubierta sobre las orientaciones y las estrategias de las organizaciones sindicales.
A partir del contraste entre esos dos modelos polarmente enfrentados, el examen de las prácticas locales de articulación entre los partidos políticos y las organizaciones sindicales permite comprobar que en nuestro caso se acumulan las desventajas y se desaprovechan las virtudes de ambos extremos. A nivel de las declaraciones públicas, los dirigentes sindicales uruguayos reivindican para su organización el cometido de defender los intereses de la clase trabajadora y rechazan cualquier vínculo con los distintos partidos políticos que pudiera condicionar o matizar sus movilizaciones. A título de o demostración de su independencia en cuanto organización clasista, enumeran los paros decretados contra gobiernos de todos los partidos, incluyendo, por supuesto, el del Frente Amplio. Sin embargo, esa alegada disociación resulta parcialmente desmentida, al menos en los períodos electorales, por la acumulación de críticas a los programas y las orientaciones de los partidos que podrían desplazar al Frente Amplio de sus posiciones de gobierno. En esos períodos, la organización sindical se suma a la campaña como un actor más del sistema político-partidario. A su vez, esa campaña se limita a prolongar un discurso que se reitera en ocasión de cada movilización y según el cual, los partidos que se ubican como opositores al Frente Amplio representan y defienden a los intereses de la clase dominante, a partir de lo cual es posible asumir que todas sus propuestas se orientan a recortar los derechos y los niveles de ingresos de los trabajadores.
Ahora bien, esa alianza “encubierta” con un determinado partido tendría que traducirse en una disposición de las organizaciones sindicales a facilitar y potenciar las orientaciones y la gestión de gobierno de dicho partido. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: en cada ocasión en que los programas del gobierno frenteamplistas intentan aplicar reformas abarcadoras que apliquen el mismo principio para las distintas situaciones y eliminen tratamientos diferenciales para algún sector, o que pretendan revisar ciertas modalidades de prestaciones de servicios y organización de tareas que se han enquistado, las organizaciones sindicales se ponen en pie de lucha contra dichas reformas y reajustes y despliegan campañas de movilizaciones y paros lo suficientemente intensas como para terminar induciendo al gobierno a renunciar a sus planes y a sus aspiraciones de máxima. Todo indica que los gobernantes frenteamplistas tratan de evitar choques frontales con aquellos sectores a los que consideran como sus aliados sindicales o, en términos del ministro Bayardi, como integrantes imprescindibles del “bloque social de las transformaciones”. Más adelante trataremos de responder a las interrogantes que se suscitan a partir del uso de esa extraña expresión, procurando dilucidar a qué tipo de transformaciones alude, ya que, por lo visto, no puede aplicarse a los programas y políticas públicas que tratan de aplicar los gobiernos encabezados por el Frente Amplio en el marco pluralista propio de las instituciones democráticas.
En todo caso, lo cierto es que esa extraña alianza encubierta perjudica a sus dos socios, los limita y los condiciona, impidiendo que ejerzan al máximo aquellos recursos de que disponen en virtud de sus respectivas legitimaciones institucionales. Por un lado, dicha alianza da lugar a lo que Martín Peixoto denomina como la apropiación por parte de un sector privado de recursos y de decisiones que pertenecen al dominio del nosotros ciudadano. En términos más generales, ese tipo de condicionamientos da lugar a que los gobernantes frenteamplistas terminen resignándose a rebajar decisivamente los alcances de sus propuestas reformistas más ambiciosas, a recular sobre sus propios pasos en aquellas ocasiones en que sus propuestas se enfrenten con resistencias de organizaciones sindicales empeñadas en mantener intactas y prolongar hacia el futuro todas aquellas posiciones -cargos, ingresos, organización de tareas, modalidades de promoción, antigüedades calificadas, etc.- consideradas como conquistas irreversibles. El asunto analizado en la columna de Peixoto, los conflictos interminables suscitados a lo largo de 30 años en torno a las tareas de limpieza de la capital, el recurso a todo un arsenal de extorsiones y sabotajes, ilustra en forma inmejorable esa expropiación de bienes y servicios públicos por parte de una corporación. A modo de ejemplos que van en esa misma línea, vale la pena recordar la resignación del expresidente Mujica frente al fracaso de sus propuestas de reforma de la enseñanza industrial –“No me la llevaron”-, las renuncias forzadas de los principales diseñadores y promotores de aquella reforma de la enseñanza que prometía el cambio de su ADN, la férrea oposición que protagonizaron los funcionarios de ANCAP a la reforma del sistema integral de salud, postergando durante varios años la eliminación del esquema de cobertura diferencial –y privilegiada- de que disponían, así como el rechazo del sindicato de profesores a la más mínima revisión del sistema vigente de adjudicación de cargos.
Por otro lado, la condición de socios de una alianza encubierta con el Frente Amplio menoscaba la autoridad de sus pronunciamientos sobre distintos asuntos de la agenda pública, otorgándoles sesgos partidarios que empobrecen su capacidad de convocatoria como representantes de los intereses y los derechos de todos los sectores asalariados. En términos más específicos, tal alianza los conduce a un brete que disminuye su capacidad en las instancias de negociación de los ingresos de los trabajadores. Es cierto que el formato de negociación por sectores –una antigüedad, que no permite contemplar ni las consecuencias macroeconómicas de los niveles salariales, ni las condiciones particulares de las empresas de cada sector, en función de su lugar de implantación y de su escala- destaca el protagonismo de los dirigentes sindicales, convirtiéndoles en referentes públicos que aparecen en los medios de comunicación y logran así audiencias masivas. Sin embargo, también es cierto que la rigidez de ese mismo formato y las repercusiones acumuladas de los ajustes salariales de los distintos sectores sobre la formación de los precios al consumo, obliga a los gobiernos frenteamplistas a utilizar esas rondas de negociación como un instrumento más para controlar los procesos inflacionarios. Un formato más flexible, permitiría aumentos salariales diferenciados en función de los márgenes de que disponen las distintas empresas y obligaría a los gobiernos a instrumentar políticas de contralor de precios mucho más refinadas y rendidoras.
Se confirma, pues, lo adelantado: la modalidad de articulación entre los partidos políticos uruguayos y las organizaciones sindicales que prevalece en nuestro medio contribuye a fomentar los peores y menos responsables desempeños de los miembros de la alianza social encubierta. En particular, torna más difícil las rendiciones de cuentas y las sanciones que cada uno de los socios debería asumir por sus fracasos y por sus errores de diagnóstico. Los gobiernos frenteamplistas resultan habilitados a seguir el ejemplo de Mujica y atribuir sus pobres desempeños a las rigideces y miopías de los sindicatos e, incluso, señalar que tales limitaciones no son monopolio de esas organizaciones, sino que las mismas encuentran respaldos y se prolongan en el resto de la población uruguaya, en particular, en los funcionarios públicos y en los empresarios locales, propensos a la inercia y a disminuir los riesgos. A su vez, el mismo modelo permite que las organizaciones sindicales contradigan al discurso oficial de los gobiernos frenteamplistas –específicamente de sus equipos económicos- e insistan en apelar a la versión más distorsionada y desprolija del recetario keynesiano para justificar el aumento sistemático del nivel de los salarios por sus impactos sobre el poder de la demanda interna y, como derivación, por sus impulsos de reactivación de los sectores productivos que abastecen a dicha demanda. Tal receta y la concepción económica asociada, ya no reclutan respaldos entre los dirigentes políticos de los distintos partidos ni entre los expertos economistas que los asesoran. A esta altura, todos han advertido que las alzas sistemáticas de los salarios no respaldados por aumentos de productividad terminan trasladándose sobre los costos de los sectores transables, por lo que a larga resulta inviable sostener la oferta de excedentes exportables en aquellos rubros en los que disponemos de condiciones ventajosas para insertarnos en el comercio internacional. Sin embargo, ni los dirigentes políticos ni los expertos se adelantan a denunciar las deficiencias de esa desgastada argumentación, ni a cuestionar públicamente a los dirigentes sindicales que apelan reiteradamente a ella.
Ahora bien, si las consideraciones anteriores son pertinentes y, por consiguiente, si esa extraña alianza que configura “el bloque de las transformaciones sociales”, lejos de brindar beneficios a sus dos integrantes, los expone a sufrir entorpecimientos de sus desempeños y de sus objetivos, así como menoscabos de la legitimidad de sus respectivas convocatorias, ¿cuál es el cemento que mantiene unido al referido bloque? A mi juicio, hay una explicación razonable de esas lealtades, pero prefiero cerrar aquí este comentario, encareciendo a quienes comparten esta página a que se sumen al diálogo abierto por la columna de Martín.