En el portal Montevideo.com, Pablo Mieres, columnista y senador por el Partido Independiente, publicó una nota titulada Parlamento amputado. No puede investigar, que suscribimos. Allí refiere que el Gobierno y la Administración Pública muestran escasa voluntad para cumplir con la normativa vigente sobre el derecho de información y de control que la Constitución le asigna al Parlamento, tarea que en los hechos descansa en la oposición. En ocasiones el incumplimiento de este deber ha obligado a la oposición a recurrir a la justicia, que no es el ámbito para dirimir estos asuntos. Que tenga que intervenir un juez para obtener aquello que se debería proporcionar sin reservas indica que estamos ante un serio problema. Lo que está en juego es uno de los fundamentos de la democracia.

Mieres señala tres instancias para recabar información que no se cumplen o se cumplen de manera insatisfactoria: el pedido de informes, el llamado a sala de los ministros y la formación de comisiones investigadoras. De las tres descartamos la segunda dado que, en nuestra opinión, la misma funciona de acuerdo a la normativa. En el pasado señalamos que ese instituto previsto por la Constitución podría usarse para adoptar un sistema parlamentarista (Hacia otra manera de armar el gobierno). La imposibilidad de voltear a ministros por falta de votos suficientes no debería ser un impedimento para transformar las interpelaciones parlamentarias en momentos cumbres de la oposición.

Más preocupante es el mal funcionamiento de las otras dos instancias que menciona Mieres. Los pedidos de información deberían cumplirse de manera automática. Una solución sería tipificar como faltas graves con penas de multa, suspensión del cargo o inhabilitación temporaria para ejercer funciones políticas tanto la negativa a proporcionar información, como el intento de falsearla o el ocultamiento de datos. Asimismo, deberían simplificarse los requisitos para que se formasen las comisiones investigadoras. Dado que son el instrumento de control político por excelencia y nadie ejerce mejor esa función que la oposición de turno, deberían bastar los votos de los legisladores de la oposición para ponerlas en marcha (por ejemplo, el 25 por ciento de los votos de todos los legisladores, como ocurre en Alemania). Así se evitaría que las vetaran las mayorías afines al gobierno como viene sucediendo en los últimos diez años. El porcentaje se podría acordar al comienzo de cada legislatura de acuerdo al número de representantes que obtuviera la oposición.

En general hay un importante atraso en los recursos existentes para corregir abusos, ilegalidades o inconstitucionalidades. Este atraso se constata en diversos niveles. Por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad sólo pueden ser presentadas ante la Suprema Corte por personas directamente afectadas y no por cualquier habitante (como se debería), y el dictamen final vale únicamente para los que presentan la acción en lugar de ser vinculante para todos. Algo similar ocurre con el Tribunal de lo Contencioso, que se ocupa de controlar los actos administrativos. A su vez las observaciones del Tribunal de Cuentas carecen de efectos perentorios. Así es como terminan imponiéndose hechos reñidos con la normativa: violaciones a la Carta Orgánica de las empresas públicas que no se revierten ni sancionan, surgimiento de zonas grises en las que operan empresas privadas creadas bajo el amparo de las agencias estatales, escasa visibilidad en la fijación y recaudación de impuestos, etcétera. Todos estos asuntos necesitan modificaciones urgentes. Un camino sería crear una comisión especial en el Parlamento que los estudiara y propusiera mejoras normativas. Las conclusiones podrían plasmarse en una Carta de Transparencia que se sometiera a la aprobación de todos los partidos.

El otro punto que requiere cambios urgentes es la relación entre los ciudadanos de a pie y las dependencias departamentales y estatales. En general hay un déficit de información y fiscalización en esta esfera, y las instancias de apelación son oscuras o actúan como juez y parte. Un caso notorio son las infracciones de tránsito donde las quejas las resuelve la misma entidad que imparte la multa. Lo correcto sería que se resolvieran en juicios orales ante el Tribunal de Faltas.

Esto que ocurre con las infracciones de tránsito se puede constatar en cualquier área de la Administración Pública. Las reparticiones estatales y departamentales tienen un poder casi inapelable y los contribuyentes dependen muchas veces de la benevolencia y comprensión del funcionario que tienen delante para lograr satisfacción a sus demandas. De lo contrario se topan con un muro infranqueable. En todos los casos habría que crear instancias simples de reclamación que estuvieran al alcance y conocimiento de todos los usuarios y fueran distintas a las partes en conflicto.

Una solución integral para proteger a los ciudadanos de los abusos de las autoridades sería que el Parlamento nombrara un Comisionado para estos asuntos (como el de cárceles). Dicho Comisionado tendría como tarea difundir informaciones periódicas sobre los derechos que asisten a los ciudadanos, asesorar en casos de litigio, investigar denuncias y dar consejos a los legisladores sobre cuestiones normativas que podrían mejorarse.

Por último, habría que establecer sanciones para los presidentes en ejercicio que intervengan en las campañas electorales desconociendo la prohibición expresa que establece la Constitución. Una posibilidad sería que se le otorgara a la Corte Electoral la facultad de observar al mandatario que incurra en ese desvío y de aplicar sanciones si se transforma en una práctica reiterativa y grosera. La mismas podrían ir desde multas hasta la prohibición temporal de ejercer funciones políticas.