El sindicato de empleados municipales Adeom se puso en pie de lucha contra la adjudicación privada (parcial) del servicio de limpieza de Montevideo y le torció el brazo a la Intendencia por enésima vez. Esta vez Adeom se aprovechó del flanco débil de las actuales autoridades municipales: el compromiso con el sector público y los sindicatos que asumió el Frente Amplio desde sus comienzos y que no puede ponerse en duda en año electoral. La adjudicación privada que promovía la Intendencia apuntaba a subsanar graves falencias en el servicio de limpieza de la ciudad, que sigue siendo un problema no resuelto desde hace dos décadas y varias administraciones sucesivas.
En sentido estricto privatizar significa “transferir una empresa o actividad pública al sector privado”. Esta transferencia suele realizarse a través de tres procedimientos básicos.
El primero ocurre cuando el Estado se retira de la producción de bienes o la prestación de servicios, y deja librado al mercado la forma y el volumen en que estos bienes y servicios se ofrecen. A menudo este procedimiento va asociado a la venta de empresas públicas. Ejemplo del mismo es la privatización de empresas aéreas y de correo en varios países europeos y en los Estados Unidos.
El segundo consiste en que el Estado mantiene el control sobre la producción de bienes y la prestación de servicios pero delega en empresas privadas la realización total o parcial de estas tareas. A los efectos convoca licitaciones públicas de acuerdo a lineamientos que fija con anterioridad. Este es el tipo de privatización que quería hacer la Intendencia de Montevideo.
El tercer procedimiento son las empresas públicas que se rigen por el derecho privado. Este método recibe severas críticas porque permite eludir los mecanismos de control y fiscalización al que están sometidas las empresas públicas y abren una rendija a la corrupción. A esta zona gris pertenecen República AFAP, Alcoholes del Uruguay (Alur), Corporación Vial del Uruguay y la Distribuidora Uruguaya de Combustibles.
Pero existen además otras formas de apropiación privada de servicios de interés público que ocurren por la ausencia u omisión de las autoridades y/o por la fuerza, y que pasan por el costado de las instituciones y los procedimientos legales. Un ejemplo extremo de este género de privatización son los impuestos extorsivos que cobran las mafias que desafían la autoridad del Estado.
La acción del sindicato de Adeom se asemeja mucho a este último tipo de apropiación privada: un asunto de la agenda de interés público que compete a las autoridades designadas por la ciudadanía -cómo se organiza la limpieza de la ciudad- se sustrae a las instancias competentes mediante la fuerza. El grupo involucrado en esas tareas se adjudica el privilegio de decidir en la materia de acuerdo a sus propios intereses, sin invocar razón alguna que incumba al resto de los ciudadanos. El único lazo difuso con la generalidad que mantiene el reclamo de Adeom radica en ese componente constitutivo del Frente Amplio que mencionamos arriba: la creencia de que el sector público es moralmente superior al privado. Es este compromiso con el monopolio de los servicios públicos el que frena a la Intendencia a la hora de ejercer su autoridad en materias que son -o deberían ser- de su dominio.