Por medio de un decreto destinado a regular provisoriamente -mientras dure el trámite parlamentario de un estatuto definitivo y con rango legislativo- las actuaciones del Fondo de Desarrollo (FONDES), los titulares del Poder Ejecutivo que acaban de asumir sus cargos han marcado un distanciamiento con respecto a las orientaciones que a ese respecto habían prevalecido en el gabinete ministerial saliente.
En efecto, se ha producido un vuelco decisivo y el mismo puede ser resumido en los siguientes términos: mientras que en el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo saliente se incluía a los emprendimientos autogestionados como únicos destinatarios de préstamos del FONDES, en cambio, en el decreto sancionado por el Ejecutivo entrante figuran también las pequeñas y medianas empresas como destinatarias de dichos préstamos. De esa manera se corrigen aquellos sesgos discriminatorios injustificables que revestía el proyecto de ley en cuestión y sobre los que centramos nuestra argumentación crítica en el artículo “Un sueño despistado y perezoso”, redactado en el mes de febrero e incluido en este mismo sitio. Y para quienes no hayan tenido oportunidad de acceder a dicho artículo, nos limitamos a reiterar una advertencia que de tan obvia da vergüenza mencionar: el hecho de que la propiedad de los activos que maneja un emprendimiento esté a nombre de un solo titular –como ocurre, por ejemplo, en el caso de las empresas unipersonales en las que el propietario coincide con la persona que asume las actividades laborales- o de varios, no cambia la naturaleza del emprendimiento ni lo hace acreedor a un tratamiento fiscal o crediticio diferencial. En todos los casos se trata de emprendimientos particulares que responden legítimamente a los intereses privados de los titulares, a sus opciones y exploraciones diferenciales, igualmente acreedoras a un respaldo por parte de las autoridades que asumen la representación de los intereses públicos.
El tono destemplado de algunas de las voces opositoras que el decreto en cuestión suscitó en el seno del partido de gobierno y entre algunos dirigentes de la central sindical, confirman en forma indirecta la importancia del vuelco asumido. Para un observador contemporáneo resultan previsibles tales resistencias, así como los márgenes de discrepancia sustanciados en este terreno. Sin embargo, vistas las cosas desde la perspectiva configurada por las tradiciones predominantes en el movimiento sindical y en el Partido Comunista en la segunda mitad del siglo pasado, las actuales defensas apasionadas de los emprendimientos cooperativos, así como las oposiciones radicalizadas a cualquier intento de extender un esquema de créditos de fomento a otro tipo de empresas, resultan anómalas por venir de donde vienen.
En efecto, en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial y hasta el advenimiento de la dictadura, mientras los promotores del cooperativismo se reclutaban en las filas de grupos nucleados en torno a las tradiciones anarquistas y cristianas, en cambio, quienes se alineaban en los partidos de la izquierda doctrinaria y predominaban en la dirigencia del movimiento sindical se adelantaban a calificar a los movimientos y a las convocatorias cooperativistas como atajos engañosos, como una versión “pequeño burguesa” de los ideales y propuestas socialistas. Por lo mismo, cuando se observa a dirigentes de filiación comunista y de formación marxista -como Marcelo Abdala-, herederos de una tradición política que desde hace más de un siglo y medio ha combatido sin descanso a esas modalidades denunciadas como desviadas, erguirse en defensores encarnizados de este tipo de emprendimientos, uno no puede menos que preguntarse si no estarán guiados por inconfesables razones estratégicas. En todo caso, ninguna voz ha salido a denunciar públicamente esas groseras inconsecuencias doctrinarias, de modo que aquí vale aquel refrán criollo que señala “como estará la cañada que el gato la pasa al trote”.
