Según consta en la primera página del semanario Búsqueda, edición del 18 al 23 de diciembre de 2014, el presidente José Mujica “considera vital que se dé fuerza legal” al FONDES (Fondo para el Desarrollo) como “instrumento de apoyo a empresas autogestionadas por sus propios trabajadores”. A tales efectos, en el mes de noviembre de ese año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que otorga categoría de ley a una instancia que hasta ahora solo ha estado amparada en un decreto sancionado en setiembre de 2011. “En el mensaje que acompaña al texto, firmado por todos los ministros, se indica que ‘la iniciativa fundacional empresarial en general ha sido un punto débil’ en Uruguay y que, al mismo tiempo, ‘existen miles y miles de compatriotas que no son afectos a depender laboralmente de intereses privados’, por lo que desde el Poder Ejecutivo se entiende necesario ‘contribuir a viabilizar emprendimientos autogestionados viables (…) y sustentables’.”

El subrayado en negrita corre por nuestra cuenta y no responde a otro motivo que a una intención aviesa de destacar la pasión enfermiza e incontrolable que induce a los uruguayos a incurrir en redundancias. En cambio, hay razones mucho más rescatables para subrayar otra parte del mensaje que acompaña al proyecto: aquella que no solo hace referencia a las preferencias de algunos de nuestros compatriotas por disponer de inserciones  laborales que no dependan de intereses privados, sino que, además, apela a tales inclinaciones o aspiraciones como si las mismas suministraran un fundamento apropiado para justificar la asignación de recursos públicos con destino a satisfacerlas. [Seguir leyendo]